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Consumidores: más defensa contra fraudes y spam

El Congreso de los Diputados aprobó una ley para modificar la normativa sobre competencia desleal y publicidad engañosa. Así, incorporó algunos ítems que defenderán a los consumidores de estafas y fraudes en la compra de servicios, productos o al suscribir contratos.

La ley incluye, con esta reforma, dos directivas europeas y modifica cuatro leyes. En este sentido, considera desleal todo comportamiento que pueda mermar mediante acoso, coacción, fuerza o influencia indebida, la elección o comportamiento de los consumidores. Aquí se incluyen como conductas desleales:

-Ocultar información necesaria para que los consumidores puedan adoptar un comportamiento económico con conocimiento de causa.

-Dar información poco clara, ininteligible, ambigua o en un momento que no sea adecuado.

-Apurar o inducir a los consumidores a tomar decisiones inmediatas, con el pretexto de que un bien o servicio sólo estará disponible durante un período de tiempo limitado y esto no se cumpla.

-Arrogarse derechos otorgados por la legislación como si fueran una característica distintiva de la oferta.

Castigan el spam

Además, la reforma legislativa pena el spam o envío no solicitado de publicidad mediante el teléfono.

También, por ejemplo, en el caso de adquisiciones de servicios, se oculte el precio final aceptado inicialmente. Por caso, es un “acto de engaño” una adquisición de paquete de telefonía móvil que, con o sin sustitución de piezas, finalmente tiene un incremento de precio igual o superior al 25% del presupuesto inicialmente aceptado por el consumidor. Siempre y cuando no esté expresamente aclarado en el contrato.

“La ley impedirá también a las empresas a hacer publicidad falsa de productos que mejoren las condiciones de salud de los consumidores o que curen determinadas deficiencias o enfermedades”, señala un artículo de El Economista.

En MAP & Asociados somos especialistas en recursos ante todo tipo de fraudes, como los expuestos, o como el de la venta de acciones preferentes de Bankia u otras entidades. No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de profesionales si necesita asesoramiento.

Compartir archivos en redes P2P ¿será delito?

Varios usuarios de internet han quedado con la duda sobre si les caerá el peso de la ley por compartir archivos en redes peer to peer (P2P), que se usan frecuentemente para bajar música, videos e imágenes.

Este sistema es usado para hacer funcionar, por ejemplo, la telefonía Skype o el programa para obtener música BitTorrent.

Las descargas de música no podrán vulnerar la ley de propiedad intelectual (Imagen -licencia CC)

Las descargas de música no podrán vulnerar la ley de propiedad intelectual (Imagen -licencia CC)

Sin embargo, el Gobierno español propone, en su anteproyecto de ley de Economía Sostenible, algunos cambios en la ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y del Real Decreto Legislativo 1/1996, de la Ley de Propiedad Intelectual.

Así, el Gobierno incluye un texto que permite al Estado “requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento”. Esto es, pueden rastrear tus datos en caso de que se vulnere la propiedad intelectual.

Esto ha generado un rumor de que el Gobierno podría rastrear y multar a navegantes que usan, por ejemplo, Emule para descargar archivos MP3.

Para dejar las cosas en claro, no está votado el proyecto (no es ley aún). Segundo,  el texto asegura que el Estado velará por “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual”: no queda claro cómo.

Tercero, ya el Ministerio de cultura ha salido a decir que no “criminalizará a los usuarios ni cortará la conexión a internet”.

Si quieres leer más sobre esta discusión, puedes entrar al blog Derecho en Red, donde está bien explicado.

Buena nueva para consumidores: regulan los servicios SMS premium

España controlará los servicios de mensaje de texto premium que se usan en concursos y descarga de juegos, entre otros puntos.

Mandar SMS premium tendrá más controles (Gentileza Kiwanja-CC)

Mandar SMS premium tendrá más controles (Gentileza Kiwanja-CC)

El ministerio de Industria, Turismo y Comercio anunció la aprobación de un código de conducta para los prestadores de servicios de SMS premium y líneas 905.

Así, si tú descargas en tu celular juegos, vídeos, tonos o gustas participar de concursos y sorteos de programas de televisión, recibirás primero un aviso con la tarifa que implica mandar ese SMS.

En la actualidad, utilizar estos servicios conlleva un cargo extra. Ahora, con el nuevo código de conducta, tú conocerás de antemano el precio final de ese servicio.

El organismo de Gobierno ha decidido incluir una serie de números cortos que te permitirán saber la tarifa final que pagarás.

Otra novedad es que se deberá identificar al responsable (en este caso, la empresa prestadora). Esto permitirá conocer el servicio en profundidad, para decidir si quieres gastar tu dinerillo en ese SMS o no.

Por último, un dato importantísimo: el código prevé que para cancelar la suscripción bastará con la palabra “BAJA”. Además, estará prohibido que la empresa continúe con la suscripción si ha recibido ese mensaje.

Asimismo, entrará en vigor otra serie de derechos a favor de usuarios y consumidores, como el derecho de desconexión y el desglose de facturas.

No obstante, desde la publicación en el Boletín Oficial de Estado del código, habrá que esperar cuatro meses más para que esa normativa entre en vigor.

Puedes pedir más información sobre este y otros abusos, como la venta de acciones preferentes, a nuestro equipo de expertos.

Nuevos delitos que te interesan si eres empleado o tienes empresa

El Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales el Proyecto de Ley para modificar el Código Penal de 1995. En esta modificación se incluyen nuevos delitos, como el hacking, el acoso laboral, el acoso inmobiliario y el cohecho o corrupción entre particulares. También, la responsabilidad penal de las empresas.

El acoso inmobiliario te interesará especialmente, sobre todo si alguien quiere obligarte a dejar tu vivienda.

Aquí te explicamos brevemente de qué se tratan algunos puntos de la reforma:
Cohecho entre particulares: se tipifica este delito, conocido comúnmente como corrupción. Se agravan las penas y, por ejemplo, en los casos de corrupción en el sector privado, se reprimen los actos encaminados a corromper a los administradores de empresas.

Ataques informáticos: se incluyen como conductas borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o programas informáticos ajenos. También, interrumpir el funcionamiento de un sistema de información ajeno (hackear, por ejemplo, el sitio de un banco).

Acoso laboral e inmobiliario

(En MAP & Asociados somos especialistas en derecho relacionado con la vivienda, y reclamanos casos como las plusvalías por ventas en pérdidas)

Constituirán delitos de tortura y coacciones contra la integridad moral si alguien, por ejemplo, te acosa en tu trabajo. Este acoso se entiende como “hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial, que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad”, según explica el proyecto.

Por otra parte, también se incluye el castigo y la figura del acoso inmobiliario, que pena “conductas de hostigamiento y abuso, en la mayoría de los casos con fines especuladores, para forzar que alguien se vaya de su casa, independientemente de que ésta sea propia o arrendada”.

En los casos de acoso habrá penas de un año y nueve meses a tres años de prisión o multa de 18 a 24 meses.

Castigo penal para empresas

Las personas jurídicas, por primera vez, serán responsables penalmente.

Así, compañías, microempresas o emprendimientos que cometan delitos tendrán multas, inhabilitaciones o directamente, serán disueltas.

De esta manera, si un gerente o empleado de una empresa comete un delito en nombre de su empresa, la Justicia podrá accionar penalmente contra esa persona pero también contra la compañía.

En este sentido, se busca que los empleadores ejerzan más control sobre sus representantes.

También serán castigados con multa e inhabilitación en caso de cometer delitos para obtener subvenciones, ayudas públicas, o en caso de intentar gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social.

La responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que exista o no responsabilidad penal de la persona física.

Ahora, el Congreso y el Senado deberán debatir y aprobar el proyecto.

E-commerce: productos electrónicos violan la ley

Un informe presentado por el Instituto Nacional del Consumo mostró que el 57% de las páginas web de productos electrónicos incumplen alguna de las normas de consumo del país.

De esta forma, el comercio electrónico en España siguió la línea del resto de los países de la Comunidad Europea, en los que el 55% de los sitios web violaban alguna ley de defensa del consumidor.

El estudio formó parte de un barrido por internet que realizó en mayo la comisaria de Consumo de la Unión Europea, Meglena Kuneva, en Bruselas.

Según el informe, de 26 páginas web analizadas en España, 15 de ellas violaban algún precepto, al dar información incorrecta, no brindar información precisa de los precios finales de los productos electrónicos, inexactitud para encontrar los datos de contacto de la empresa.

Los sitios analizados se dedicaban a comercializar por internet artículos como DVD, reproductores MP3, ordenadores, hardware, cámaras digitales, teléfonos móviles, entre otros.

Según el INC, más de un tercio de las reclamaciones recibidas en centros de consumidores europeos en 2007 correspondió a transacciones por e-commerce.

Si te han estafado o han violado tus derechos de consumo al comprar un producto de este tipo por internet, puedes iniciar un reclamo. En MAP & Asociados te ayudamos a reclamar tus derechos, desde la compra de pequeños bienes de consumo, hasta la adquisición de participaciones preferentes de Bankia u otas entidades.

Requieren a Facebook mejorar la privacidad

España se ha puesto en marcha para evitar violaciones a la normativa sobre protección de datos personales en la web: así, la Agencia Española de Protección de Datos ha mantenido una reunión con representantes de Facebook, en la que pidió a la red social mejorar las políticas de privacidad.

El director de la AEPD, Artemi Rallo, trasladó a Facebook las consultas sobre la configuración de opciones para mejorar la seguridad de los perfiles de los usuarios, para asegurar la actividad de la red social dentro de la ley española.

Facebook anunció a la AEPD que en los próximos meses pondrá en línea un sistema para que los usuarios puedan seleccionar con quién comparten la información cada vez que la publiquen. De esta manera, cada vez que un usuario publique texto, gráficos, enlaces y demás, deberá seleccionar obligatoriamente entre los grados de distinta privacidad.

Esto significa que desde la configuración llamada: “Quién puede ver esta información”, pueda elegirse entre un rango de “todos” o “nadie”, según determine el usuario, pero en este caso para cada publicación.

Asimismo, la AEPD exigió a Facebook incrementar la edad mínima como requisito de participación de los usuarios: hoy, cualquier mayor de 13 años puede tener una cuenta en Facebook, aunque no es inviolable esta regla. La legislación española requiere que una persona debe contar con al menos 14 años de edad para compartir este tipo de redes.

Cuente con nuestra ayuda si necesita ayuda jurídica para reclamar ante cualquier tipo de abusos, como por ejemplo, para reclamación de clips hipotecarios abusivos.

Firma digital: ¿para qué puedes usarla?

Una de las maneras para agilizar los trámites con organismos públicos es la documentación firmada de manera electrónica. Esto significa evitar la firma en papel, el escaneo posterior y el envío electrónico. Ni que hablar de la entrega en mano, para la que te ahorras el extenso tiempo en oficinas y el papelerío.

La firma electrónica está reglamentada la Ley 59/2003, que regula el empleo de la firma digital en el ámbito de las administraciones públicas. Por ejemplo, la incorporación de esta firma al procedimiento de notificación electrónica de inscripción de ficheros elimina la necesidad de la presentación convencional de la hoja de solicitud. (en la Agencia Española de Datos).

La firma electrónica tiene el mismo valor que la manuscrita, según consta en el Real Decreto 1553/2005.

En este sentido, tú puedes remitir documentación firmada electrónicamente, siempre y cuando estos documentos cuenten con el sello de los prestadores de servicios de certificación. Estos prestadores expiden certificados electrónicos: algunos de los más conocidos son ACE y CERES.

Algunas universidades, como la de Jaén, permiten enviar solicitudes y formularios con firma electrónica.

Las empresas también pueden utilizar la firma electrónica. La ley prevé que esta tecnología pueda ser utilizada por personas jurídicas. En esta línea, muchas diligencias de la Agencia Tributaria se pueden efectuar con firma y certificados electrónicos: entre ellas, una empresa puede modificar su domicilio fiscal y presentar declaraciones sumarias y consultar deudas pendientes. Tanto ciudadanos como empresas pueden pagar tasas e impuestos con su firma electrónica.

Asimismo, la firma digital puede ser usada como prueba documental en un juicio, pero eso es tema para otro posteo.

Si quieres saber más usos y detalles de la firma digital, te sugerimos consultar a tus abogados o asesores. Nuestro equipo multidisciplinar puede ayudarte en cualquier ámbito jurídico o de asesoría, desde dudas legales con nuevas tecnologías, hasta reclamación de indemnizaciones por accidentes de tráfico, pasando por otras necesidades como el alta de personal del hogar en la Seguridad Social.

Un proyecto que afecta a empresas de telecomunicaciones

La Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados de España aprobó el proyecto de ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que deberá ser debatido en el Senado, pero que contempla cambios en los aportes de las compañías de telecomunicaciones al servicio de RTVE.

La iniciativa prevé limitar los aportes de estas empresas y de las cadenas de televisión privadas a la Corporación de RTVE.

El proyecto, presentado por el Gobierno, pretende que la cadena se financie con un sistema único basado en ingresos públicos.

Para este punto contempla también financiar RTVE con el pago de un porcentaje sobre los ingresos de los operadores del 3% para los de televisión comercial abierta; del 1,5% para los operadores de televisión paga y del 0,9% para los de telecomunicaciones.

Por esta razón, la aportación de las empresas de telecomunicaciones no podrá superar el 25% del total de ingresos previstos para cada año en la Corporación.

En tanto, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones analizará la proporcionalidad de las aportaciones de los operadores.

El dictamen deberá ser debatido en el Senado en un máximo de 20 días.

Miguel Ángel Pérez Villegas


Miguel Ángel Pérez es Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Graduado Social en ejercicio del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Madrid, y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo.

Como Director del despacho MAP & ASOCIADOS, asesora a empresas, particulares, e instituciones, ya que cuenta con una amplia experiencia en el Derecho Civil, Laboral, Mercantil y Fiscal, a la vez que en todo lo relativo a Tráfico y Responsabilidad Civil, así como en el ámbito societario, financiero y del mercado de valores. Interviene en fusiones, adquisiciones, y financiación de proyectos, aconsejando a la par en planificaciones fiscales. Además media en el asesoramiento y constitución de sociedades deportivas, así como de clubes tanto elementales como básicos de ámbito deportivo.

Miguel Ángel Pérez desde MAP & ASOCIADOS, pone al servicio de sus clientes la experiencia y capacidad de los profesionales que componen su plantilla (Abogados, Graduados Sociales, Economistas, etc.), proporcionando un trato meticuloso tanto en el área dedicada a la Empresa en lo relativo a la consultoría fiscal, laboral, contable, etc. así como en el ámbito jurídico en cualquiera de las Áreas del Derecho, contando con expertos Economistas y Abogados colegiados.
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